Poblaciones del norte de Esmeraldas se encuentran, desde las 05:00 de ayer, militarizadas y bajo un fuerte control policial, que tendría como propósito incautar maquinaria de mineros que extraen oro supuestamente al margen de la ley.La acción despertó la ira de habitantes de Colón Eloy, Timbiré, Selva Alegre, Chapilito, Picadero, Chanuzal, Palmarreal, Angostura y Playa de Oro, quienes dicen sentirse afectados “por la medida gubernamental” porque la actividad minera es la principal fuente de ingresos de sus comunidades.Hasta la tarde de ayer no hubo reportes de maquinarias incautadas, tal vez porque la lluvia dificultó el acceso de los uniformados hasta las minas.

No obstante, en las afueras del Comando de Policía de San Lorenzo se observaron cuatro retroexcavadoras que, según la institución, fueron decomisadas a mineros. Al respecto, ningún funcionario de la Contraloría General de Estado ni de los ministerios del Ambiente y de Recursos Naturales no Renovables que participan del operativo emitieron declaraciones.El operativo se inició a las 02:15 con la partida de un convoy militar y de policías que partieron desde el Batallón de Fuerzas Especiales (Bimot), en el sur de la ciudad de Esmeraldas. El trayecto hasta Selva Alegre duró 2 horas y 50 minutos en medio de una fuerte lluvia.En esta localidad, una patrulla del Ejército cerró la única vía de acceso a una decena de poblados ubicados en el sector para evitar la llegada de mineros desde San Lorenzo que anunciaron que se sumarían a la resistencia junto a los locales.Mérice Caicedo, presidente de la Asociación de Pequeños Comuneros del río Santiago, dijo que los socios seguirán extrayendo oro de las minas, así les quiten las máquinas porque si no lo hacen miles de familias no tendrán cómo subsistir. “Estamos dispuestos a todo, si nos atacan nos defenderemos y lo haremos en uso a la legítima defensa”, expresó.Richard Rivera, vicepresidente de esa agrupación, junto a otros 30 pobladores de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo se congregaron en la única vía de acceso que da a una docena de minas ubicada en la parte alta del río Santiago, para impedir el paso de los uniformados a la altura del caserío conocido como Picadero.Los comuneros dijeron estar de acuerdo con que se realicen operativos contra mineros ilegales, pero que no es el caso de ellos porque están tramitando sus permisos ante las autoridades. “El Gobierno no inspeccionó dos veces y los técnicos comprobaron que trabajábamos con máquinas”, dijo Rivera.Según miembros de la Asociación, ellos están conformados por 15 integrantes que generan, cada uno, 20 plazas de trabajo y en el caso de cerrarse las minas, serían 300 las familias afectadas.Este temor se percibe también en los habitantes de Timbiré, sitio de concentración de 7 camiones militares y 3 buses llenos de policías que tenían la consigna de trasladarse hasta Zavaleta, otra comunidad del norte donde también se realiza extracción de oro en minas.Fuente: El UniversoFecha: 16/12/2010