El pago de tarifas elevadas por cada barril de crudo extraído, la entrega de campos sin licitación, un proceso de caducidad archivado y un juicio pendiente marcan el resultado de la negociación que el Gobierno cerró hace veinte días con las grandes petroleras. Analistas consultados coinciden en que el cambio terminó beneficiando a las empresas privadas, sobre todo en el pago de la tarifa de extracción. Un ex técnico de Gobierno, que participó en la primera renegociación, advirtió que el flujo mensual de ingresos al Estado se reduciría en alrededor de $ 10,2 millones con los nuevos contratos frente a lo que recibía con los anteriores. La merma empezaría a sentirla el fisco desde fines de febrero.

A su criterio, la disminución en los ingresos del Estado se deben en parte al efecto negativo de la tarifa fija, la cual, en los primeros años, pagará anticipadamente costos e inversiones aún no realizados. El perjuicio se da “sin contar que para llegar a los acuerdos fue necesario dar a las contratistas, a dedo, las áreas adicionales para actividades de exploración adicional, las cuales deberían haber salido a un proceso de licitación”, opina el ex funcionario. La italiana Agip Oil fue la que recibió el campo Oglán, adicional al bloque 10 que tenía antes de la negociación. Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales, justifica la adjudicación manifestando que de no haberlo hecho el Estado debía contratar a otra empresa pagando otra tarifa. El Estado cancelará a cinco extranjeras (que operan en siete campos) una tarifa de entre $ 16,72 y $ 41. En tres contratos le significaron un incremento de entre 0,43% y 2,73%. Henry Llanes, conocedor de temas petroleros, observó que el costo de producción pedido por las petroleras representan hasta un 800% de alza frente a la tarifa de las estatales: Petroecuador y Petroamazonas. Así mientras el Estado reconoce hasta $ 41 a las privadas, a las públicas entre $ 5 y $ 7. Y “no conforme con pagar a las contratistas altos costos de producción, se les prorrogó la vigencia de los contratos hasta por diez años más, a cambio de inversiones irrisorias”, dice Llanes. A su criterio los montos son tan bajos que “bien se los podría manejar a través del presupuesto general optimizando recursos como evitar gastos en los enlaces sabatinos, publicidad gubernamental, proselitismo con dineros y recursos públicos o con la creación de cargos burocráticos innecesarios y con altos sueldos. El monto de los contratos renegociados significa el 29,43% de las importaciones de combustibles que realizará el Estado en el 2011 ($ 4.100,7 millones). Recordó además que en la renegociación de los contratos, el Estado se obligó a usar el oleoducto privado OCP, pagando una tarifa por el tiempo de vigencia de los contratos, es decir, se compromete a cubrir inversiones y ganancias en beneficio de contratistas privadas. FUENTE: EL UNIVERSOFECHA: 15/12/2010