Un nuevo frente complicado tiene ante sí el Gobierno. El Ecuador tiene gran riqueza mineral: oro, cobre y plata que no han sido explotados siguiendo normas técnicas y que corren el peligro de quedarse bajo tierra si no hay de por medio la apertura para el diálogo de grupos que de entrada han negado toda posible explotación con el argumento de proteger el ambiente. En estos tiempos, con 7 000 millones de habitantes en el planeta, es políticamente incorrecto no ser ambientalista y no asumir políticas de protección al planeta pero no se puede desconocer una realidad: los países necesitan recursos para financiar obras en educación, salud, vialidad e infraestructura. Y esos recursos deben salir de alguna parte.

Chile ha sido un ejemplo de cómo desarrollar una minería responsable que ha llegado a ser el sustento de su crecimiento económico. El Ecuador no solo es rico en recursos petroleros, sino también en recursos mineros, pero por el momento los actores que podrían explotarlos, desde multinacionales hasta pequeños mineros actúan sin el eje, como recordó ayer un reportaje de BLANCO Y NEGRO. "En Zamora y Azuay, empresas multinacionales buscan hacerse del oro y plata para llevarlo a refinar en los EEUU o Europa y, de allí, venderlo a bancos de inversión en metales preciosos como Scotia Mocotta, Johnson Matther, Bank of Nova Scotia, Sberbank, Société Générale, International Commodi, Sberbank y JP Morgan Chase. En zonas como Nambija, los mineros artesanales, pese a estar en zonas de alto riesgo de un deslizamiento, se niegan a una reubicación, pues temen que el Gobierno los desaloje para dar la concesión a las multinacionales. En la cordillera del Cóndor, compañías estarían 20 km dentro de la línea de frontera, lo que violaría la Ley de Seguridad Pública respecto al área de seguridad nacional", decía BLANCO Y NEGRO. Está actuación de manera dispersa lo único que ha hecho es generar temores, sobre todo en autoridades locales por el tema del manejo del agua. "Al menos 10 proyectos mineros grandes que se implementarían inquietan a autoridades locales", decía el reportaje. El Gobierno se halla enfrascado en apaciguar esos temores. Es indudable que todas las licencias deben ser entregadas siguiendo las normas más rigurosas en materia de protección ambiental, pero también es innegable que el Ecuador no puede darse el lujo de tener tantos recursos bajo el suelo en lugar de usarlos para reducir los índices de pobreza con la generación de empleos y la inversión en nuevas obras de infraestructura que permitirán sacar del aislamiento a poblaciones históricamente olvidadas por una inequitativa distribución de las riquezas del país. FUENTE: EL HOYFECHA: 01/11/2011