Linder Altafuya (MPD), asambleísta por Esmeraldas, expresó ayer que en su recorrido desde Maldonado hasta Playa Nueva, en Esmeraldas, tras el ataque ordenado por el Gobierno a las maquinarias de varias mineras, los trabajadores artesanales de estas empresas denunciaron que mientras sus maquinarias fueron destruidas, al otro lado del río Santiago hay maquinarias que siguen trabajando sin interrupción.El legislador indicó que los comuneros aseguraron que el dueño de aquella maquinaria es Jorvelis Corozo, que fue intendente de este Gobierno en Esmeraldas, y de Jeremías Rubio, miembro de movimiento PAIS, enfatizando que los pobladores indicaron que ellos son intermediarios del ministro del Interior, José Serrano, quien sería el verdadero dueño de la maquinaria.
El asambleísta aseveró que “para ellos no hay Estado de Excepción, ni dinamitazos”, y opinó que se intenta eliminar a los pequeños mineros para dar lugar a las grandes concesiones, argumentando que investigará el nombre de la multinacional que vendrá a explotar esa área.La visitaAltafuya informó que el oro que se extrae en San Lorenzo es de 21 kilates y denunció que la Ley de Minería ha permitido que el Estado haga concesiones con grandes empresas canadienses y chinas, lo cual está prohibido en la Constitución.El legislador pidió a los miembros de la Comisión de Derechos Colectivos que visiten San Lorenzo para constatar lo sucedido durante el operativo militar que destruyó la maquinaria de los mineros artesanales del sector, acudiendo con Marco Murrillo (MIAY) y Edwin Vaca (MSC).El asambleísta aseveró que los ministros de Seguridad Interna, Homero Arellano; de Defensa, Javier Ponce; y del Interior deberán responder por lo sucedido durante el Estado de Excepción declarado por el Ejecutivo el pasado 20 de mayo.El informeMurillo dio a conocer que investigará la situación de los mineros del lugar, ya que no está seguro de que sean ilegales y les preocupa que se haya destruido la maquinaria en lugar de incautarla, “violentando el debido proceso”, por lo que la Comisión elaborará un informe al respecto.“Si los ministros no justifican sus acciones, la Comisión tomará medidas”, enfatizó el legislador y concordó con Altafuya en cuanto a las denuncias de los pobladores sobre el involucramiento de funcionarios del Gobierno en el sector minero.Además, el asambleísta explicó que una de las denuncias indicaba que dichos funcionarios recibieron una notificación de lo que sucedería, por lo que tuvieron tiempo para retirar y esconder su maquinaria, y concluyó dando a conocer la denuncia de que ese grupo estaría incluso vinculado a paramilitares.El procesoLa Comisión de Biodiversidad, presidida por Rosana Alvarado (PAIS), resolvió que se invite a los ministros que participaron en la destrucción de la maquinaria minera en San Lorenzo, para que expliquen sus argumentos para tomar tales medidas.Entre los ministros que serán llamados a la Comisión la próxima semana están el de Recursos No Renovables, Wilson Pástor; de Ambiente, Marcela Aguiñaga; y de Defensa y Seguridad Interna, Javier Ponce.Cléver Jiménez (PK), miembro del organismo, informó que pedirán respuestas sobre la violación a los derechos constitucionales de las personas que se dedican a la minería artesanal en Esmeraldas.Rolando Panchana (PAIS) pidió que la convocatoria a los ministros sea en conjunto, para confrontar criterios y que se solicite a través del Consejo de la Judicatura copia del proceso del juzgado 22 de Garantías Penales de Pichincha.La Hora intentó ayer obtener la versión del ministro Serrano, pero sus asesores de relaciones públicas indicaron que el funcionario tiene su agenda “copada” hasta mañana, cuando ofrecieron una entrevista sobre este tema.DatosEl Congresillo aprobó la Ley de Minería en 2009.El operativo militar en San Lorenzo inhabilitó 67 retroexcavadoras.FUENTE: LA HORAFECHA: 09/06/2011
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