Tarqui y Victoria del Portete, a 30 minutos de Cuenca, vivieron el fin de semana una inédita consulta comunitaria sobre temas mineros ante la presencia con veedores internacionales, delegaciones de la Conaie, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de DDHH, y organizada por la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, sin  aval del Consejo Nacional Electoral. En total, acudieron a votar 1 037 personas; de ese total, 958 se pronunciaron por el ?No? a la minería a gran escala (92,38% del total), 47 por el ?Sí?, 18 votos blancos y 14 nulos. La reacción inmediata del gobernador del Azuay, Humberto Cordero, fue la de desconocer la consulta, ?porque solo el Estado puede organizar esos procesos?.

Carlos Pérez Guartambel, de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas, la organizadora, ha dicho que no es una consulta popular, sino una consulta comunitaria, por lo que no era necesaria la presencia del Consejo Nacional Electoral. La consulta ocurrió en medio de la socialización del Gobierno de los planes mineros con las comunidades.  En la zona está en marcha el proyecto Quimsacocha, ubicado en los sectores de Tarqui y Victoria del Portete. Es manejado por la empresa Imgold del Canadá  desde el año 2001 y, al no disponer de la licencia  ambiental para la explotación, sus trabajadores realizan solo mantenimiento de las pequeñas instalaciones ubicadas en lo alto de la montaña. También está el proyecto Río Blanco, de la estadounidense International Mineral Corporation, ubicado en la parroquia de Molleturo. En ese lugar, se han detectado dos vetas según la empresa, la una conocida como Alejandra y la otra, como San Luis. Luego de los estudios, se determinó que existen 605 mil onzas de oro y unas  4 millones  onzas de plata. Y la consulta ocurre también luego de que el Concejo Cantonal de Cuenca hiciera público un comunicado en el que pide al Gobierno una moratoria minera, mientras el alcalde ha reclamado de la potestad que tienen los gobiernos locales para el manejo de esos temas. No es admisible  una oposición tan cerrada a proyectos que pueden traducirse luego en carreteras, hospitales, escuelas y para el desarrollo de las comunidades.  Los canales de diálogo tienen necesariamente que estar abiertos, lo que el Gobierno está obligado a garantizar es el menor impacto ambiental posible, con la aprobación de licencias siempre y cuando reúnan todos los requisitos y normas internacionales. El país no puede darse el lujo de desaprovechar un potencial que tiene ahí, con toda la tecnología que existe en la actualidad, sobre todo porque existen graves problemas de falta de equidad y de pobreza y necesidades sociales que se deben enfrentar.FUENTE: EL HOYFECHA: 04/10/2011