El presidente Correa estará hoy en el páramo de Quimsacocha, en Azuay. Va a tratar de desactivar una bomba ambiental para su administración. En Quimsacocha, el Gobierno pretende desarrollar uno de los cinco proyectos mineros más grandes. El objetivo de la visita, dicen desde el Gobierno, "es ratificar la garantía de que se protegerá por todos los medios las fuentes de agua que abastecen a Cuenca". Con Correa estarán varios ministros y asambleístas; el alcalde de Cuenca, Paúl Granda; y el gobernador, Humberto Cordero. En el discurso, la tesis del Ejecutivo coincide con los pedidos de los pobladores de la zona, quienes están agrupados en la Federación de Organizaciones Campesinas. ¿La diferencia? Ellos no creen que la minería sea compatible con la protección de las fuentes de agua.

El cerro de Quimsacocha está en la cordillera occidental, a 35 kilómetros al sur de Cuenca. Allí nace el río Yanuncay, que abastece de agua potable a un tercio de la ciudad. Se trata de un ecosistema andino formado por humedales y lagunas. Ahí, la compañía canadiense Iamgold S. A. posee (desde 2001) una concesión de 13.000 hectáreas. En el subsuelo existen 3,4 millones de onzas de oro y 28 millones de onzas de plata. El proyecto todavía está en fase de exploración. En este periodo se han hecho cinco estudios relacionados con el uso del suelo y el posible impacto sobre las fuentes de agua, estudios que (dependiendo de quién los lea) sirven para justificar las tesis del Gobierno o de los pobladores. La empresa de agua potable de Cuenca, por ejemplo, dice que "de acuerdo con la descripción de los procesos de explotación se presume: altos niveles de ruido, uso de químicos tóxicos, apertura de vías que alteran la hidrología del páramo, gran cantidad de residuos sólidos que afectarían a la flora, a la fauna y a los procesos ecosistemáticos de los páramos". Federico Auquilla, viceministro de Minas, responde que se trata de un informe borrador. Dice que podrían darse esos efectos ambientales si es que son afectadas las aguas que sirven a Cuenca, algo que según él no ocurrirá. Paúl Carrasco, prefecto del Azuay, está del lado de quienes hacen reparos al proyecto Quimsacocha. Para él, los informes evidencian daños al ambiente más allá de lo tolerable. El funcionario pide un análisis profundo del impacto antes de encaminar el proyecto. La dirigencia de la Conaie respalda la protesta de los pobladores. Para Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, la explotación minera atenta directamente contra el derecho de los campesinos e indígenas a acceder a las fuentes de agua. Por eso auspiciaron la consulta en la que los pobladores de Portete y Tarqui rechazaron la explotación minera en su territorio.Para el Gobierno, cualquier oposición es una respuesta política y no ecológica.FUENTE: entornointeligente.comFECHA: 25/10/2011