Diego García CarriónQuién es: Procurador General del EstadoPor: María Elena verdezotoEditora PolìticaQue el costo de la defensa llegaría a $165 millones si se aplica la tarifa de honorarios que cobran abogados ecuatorianos a los $3 370 millones de indemnización que exige la petrolera estadounidense Occidental (Oxy) al Estado ecuatoriano, dijo el viernes pasado, en diálogo con HOY, el procurador Diego García.

Por ello, el abogado del Estado considera razonable el costo de los honorarios de los abogados de las firmas Dechert de Francia y Squire Sanders, de los EEUU, a cargo de la defensa del Ecuador en la demanda arbitral planteada por la petrolera en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, que supera ya hasta la fecha los $15 millones, durante cinco años de un litigio iniciado por la compañía el 17 de mayo de 2006, un día después de que el Gobierno de Alfredo Palacio decretara la caducidad de su contrato de participación en el Bloque 15 y la expulsara del país.El Ecuador afronta una serie de demandas internacionales. Diario HOY publicó que solo la defensa en el caso Oxy le cuesta al país hasta el momento mas de $15 millones. ¿Es la cifra correcta?No sé el valor exacto, no he sumado lo gastado. Esa información la proporcionamos a los asambleístas Cléver Jiménez y Tomás Zevallos. Lo cierto es que la contratación de abogados responde a la necesidad de contar con firmas de abogados expertos en arbitrajes, para que puedan hacer frente, con profesionalismo, como lo han hecho, a un juicio de $3 370 millones. Si revisa las tarifas nacionales y las aplica a la cuantía del proceso, verá que los honorarios podrían superar los $165 millones.¿Solo en el caso Oxy?Sí, aplicando la tabla de la Ley de la Federación de Abogados del Ecuador.¿Quiere decir que nos están cobrando baratísimo?No baratísimo, están cobrando el precio de mercado, aunque es alto.Si el Ecuador pierde, ¿habrá que sumar ese costo a la indemnización?Si perdemos, habrá que ver cuánto ha incidido la defensa en los resultados. Valorar eso no es correcto, sino que los abogados hayan cumplido su labor. Yo no los contraté, pero son abogados de primer nivel.¿Cuántos abogados se encargan de la defensa del país?Unos 15, entre seniors y juniors, que han variado en el tiempo.¿Cuándo viajan para la audiencia del 30 de junio en el Ciadi?Estamos organizándonos, lo haremos dos o tres días antes.¿Quiénes van y qué hacen en esa audiencia?Abogados especialistas en análisis de daños y valoración. Es una audiencia muy técnica.¿Quiénes son?Por cuestión de estrategia, no le puedo dar los nombres.¿De cuánto es la partida presupuestaria para la defensa ante demandas internacionales?Le mentiría si le doy una cifra.Debe estar presupuestado, es importante que el país conozca cuánto cuestan esos litigios y sus resultados.Esta presupuestado, es importante el costo, pero que se sepa también la complejidad de los asuntos y la necesidad de profesionales con experiencia en tribunales internacionales. Esto es como en el fútbol, si el otro equipo contrata estrellas y yo no, no tengo capacidad para disputar un torneo en las mismas condiciones.Y es también importante que los árbitros sean imparciales, para que al final no terminemos goleados.Por supuesto, necesitamos que los árbitros no tengan una posición contraria a la de un país soberano como el Ecuador.¿Hay esa garantía?Hay que esperar que resuelvan para valorar su posición. No es momento para hablar de pago, no hemos sido aún declarados responsables.La audiencia del 30 de junio es la última, ¿se espera luego el laudo definitivo en la demanda arbitral planteada por Oxy?Esa audencia es para que el Tribunal Arbitral discuta con los peritos la valoración que hicieron del Bloque 15 en base a sus propias directrices.¿Se refiere a la valoración de $2 362 millones a los que, según los peritos, tanto del Ecuador como de la petrolera, ascendería el daño causado por la caducidad del contrato y su expulsión del país?Exactamente, se analizará el informe conjunto que presentaron los dos peritos en abril de este año.¿Cuáles son los argumentos del Estado ecuatoriano?Primero, ratificaremos que no somos responsables de ninguna violación en este caso y expondremos nuestras objeciones al procedimiento que siguió el tribunal para hacer este informe de los peritos, así como sus conclusiones, porque no contempla algunos factores que inciden sobre la valoración que el Ecuador ha venido manteniendo en este proceso.¿Cómo entender que, en ese informe conjunto, los argumentos del perito contratado por el Ecuador sean perjudiciales para el país?Los peritos presentaron sus informes individuales en 2009.¿Qué dijo el perito Daniel Johnston, contratado por el país?Dio una valoración del Bloque 15 de unos $1 500 millones, sin daños. Pero, en febrero de 2010, le presentamos al tribunal una valoración de aproximadamente $420 millones.¿Quién tiene la razón?, ¿por qué tanta diferencia?El informe de los peritos parte de parámetros de cálculo dados por el tribunal, que fueron aceptados por la compañía pero objetados por el Ecuador en escritos que presentamos el 18 y el 27 de abril de este año. El último escrito lo remitimos hoy (el viernes), manteniendo nuestra posición de objeción.Al hacer esa valoración, ¿ha aceptado el Gobierno que la petrolera debe recibir una indemnización?No, la caducidad fue declarada conforme al contrato y a la Ley de Hidrocarburos y no hay responsabilidad alguna de parte del Estado.¿Para qué se calcula entonces?Para el evento de que se declare responsabilidad.Recuerdo que el presidente Rafael Correa dijo que quien acepte ir al Ciadi a litigar es un traidor a la Patria. Si no hay responsabilidad, ¿por qué acuden al arbitraje?Lo que dijo el presidente es que quien reconozca al Ciadi lo era, pero la comparecencia no implica un reconocimiento, sino litigar bajo las objeciones de jurisdicción sostenidas desde el principio del proceso. Es decir, fuimos a conocer un cálculo hipotético, desconociendo que haya responsabilidad; nunca hemos aceptado responsabilidad alguna ni que se tenga que pagar valor alguno.¿Qué hará si los árbitros le dan la razón a Occidental?En base al argumento de la incompetencia del Ciadi, hay la posibilidad de iniciar un proceso de anulación.¿Ante qué instancia?Ante el propio Ciadi.Entonces, ¿sería un caso perdido?No, de ser así, se debe nombrar un tribunal diferente y no porque sea el mismo centro va a resolver igual.¿Cree que el país gane este caso?Tengo la convicción de que el Ecuador tiene la razón y la seguridad de que ha argumentado y demostrado que la tiene. Bajo esas premisas, tengo la perspectiva de que podemos tener un resultado favorable, aunque no lo puedo asegurar.El asambleísta Cléver Jiménez (PK) y Fernando Villavicencio, de Polo Democrático, han dicho que el arbitraje estaría perdido porque el Estado no procedió de la misma forma con Petrobrás, que habría hecho una transferencia de acciones a Teikoku sin autorización, igual que Oxy a Encana. Por eso, el principal argumento contra el Ecuador es un supuesto trato discriminatorio.Muy difícil el desdoblamiento de quienes sostienen eso, no lo comparto.¿Por qué desdoblamiento?, es una infracción igual a la cometida por Oxy sobre la que el Estado no sancionó.Porque no puedo sumarme a los argumentos de Occidental sin respaldar su posición, eso es estar contra el país.¿Por qué no se sancionó a Petrobrás?, ¿no hubo trato discriminatorio?No hay tal trato discriminatorio, las situaciones son diferentes. Petrobrás firmó una carta de intención en la que reconocen que, para que surta efecto, debe haber autorización del Ministerio de Energía, que fue concedida en su momento... Lo que Fernando Villavicencio no dice es que el procurador Borja se pronuncio reiteradamente y su criterio es vinculante.¿También está equivocado Alberto Acosta, quien, cuando era ministro de Energía de este Gobierno en 2007, le advirtió al presidente Correa en una carta sobre el precedente de trato discriminatorio si no se sancionaba a Petrobrás?El exministro está equivocado y no debió tener una posición diferente a la de la defensa del Estado en el caso Occidental, y peor ponerlo por escrito como lo hizo en ese momento.¿La decisión sobre Petrobrás obedeció a un compromiso entre los presidentes Rafael Correa y Luiz Inacio Lula Da Silva?No soy parte del Ejecutivo, esa pregunta debe hacérsela al presidente de la República.En otros temas, se han planteado varias demandas por el uso de bienes y recursos públicos durante la campana sobre la consulta popular y sobre anomalías en la Asamblea Constituyente de Montecristi. ¿Qué esta haciendo al respecto?Eso le compete al contralor y, si hubiese responsabilidad, pasa a la Fiscalía.Si usted, como abogado del Estado, ve que en un carro del Estado o un funcionario público hace campana, de oficio, ¿no puede hacer nada?Eso le compete al contralor.FUENTE: EL HOYFECHA: 20-06-2011