La política minera debe tener un horizonte temporal de por lo menos veinte años con objetivos que rebasan a un gobierno, porque la abundancia de recursos naturales deviene en un facilismo en el comportamiento de la gente y la ley del menor esfuerzo para satisfacer las necesidades básicas de su población. A más del petróleo, ahora la minería coadyuvará en forma importante al financiamiento de la vida de los ecuatorianos, lo cual es bueno porque se tiene con qué prosperar y es riesgoso porque el país se acostumbra a vivir de la simple extracción de los recursos no renovables, sin construir las bases sólidas de una economía de progreso sustentable y perdurable. (En un estudio reciente en 65 países se concluyó que, a más petróleo hay menos conocimiento y habilidades en su población).

Por eso la política extractiva, que afectará al estilo de vida de las nuevas generaciones, debe proyectarse en el tiempo –independientemente de los gobernantes de turno- para sentar bases de prosperidad, sin que la coyuntura política nos lleve a tomar decisiones en función de un apetito electoral. En el pasado se mal negoció incluso con compañías fantasmas y hasta ahora existen explotadores ilegales que causan tremendos destrozos a la naturaleza. Todo esto tiene que corregirse con las negociaciones que se hagan con empresas serias que cumplan con dos condiciones fundamentales: la garantía irrestricta de una explotación técnica que respete el medioambiente y una participación económica importante del dueño de las minas que es el pueblo del EcuadorUn tercer elemento es saber qué se va a hacer con los elevados ingresos que va rendir la explotación sustentable de los metales. El gobierno, como administrador de estos nuevos bienes del pueblo, debe comprometerse a utilizar estos recursos en obras que den prosperidad a la gente pobre del Ecuador, con especial referencia a la gente que se debate en condiciones miserables. De acuerdo al Censo 2010, el 47% de nuestros compatriotas no gozan de agua potable ni tienen alcantarillado para sus servicios higiénicos, el 17% de los hogares viven hacinados en viviendas inhumanas. La pobreza, medida por ingresos, alcanza al 60% de la población indígena y al 35% de la población negra. El 38% de los adolescentes no recibe educación media, mayoritariamente de entre la población indígena y negra. Todavía el 27% de los indígenas es analfabeto y el 10% de los negros también. Sin construir escuelas ni sembrar una cultura de aprendizaje no llegaremos a ninguna parte, pues el conocimiento y las habilidades son la divisa fuerte del siglo XXI. Comprometerse a gastar estos cuantiosos recursos en atenuar estas carencias básicas debe ser un compromiso serio de este y de todos los gobiernos.FUENTE: EL COMERCIOFECHA: 20/03/2012