El Gobierno ecuatoriano no extenderá el permiso de operación de la compañía minera canadiense Kinross. Así lo indicó esta mañana el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quien insistió en que la empresa tendrá que irse si no quiere aceptar las condiciones determinadas en la reforma minera para viabilizar su contrato. "Si Kinross quiere aceptar las condiciones que le ha puesto el país, está bien, si no, que se vaya. Hay una propuesta de reforma legal (la reforma minera que se tramita en la Asamblea). Si no quieren, que se vayan. No los vamos a necesitar. No les vamos a extender el plazo (del permiso de operación). Imposible que les extendamos el plazo", dijo Mera.

El funcionario realizó estas declaraciones este mediodía, luego de una visita al Instituto de Compras Públicas (Incop), junto al presidente Rafael Correa. El Mandatario no dio declaraciones a los medios de comunicación durante su visita. El próximo 1 de agosto vencerá el permiso de operación de la empresa canadiense Kinross en el proyecto de oro, Fruta del Norte, ubicado en Zamora Chinchipe. En este proyecto se calcula una reserva de 6,8 millones de onzas de oro que al precio actual del metal representa más de USD 10 000 millones. Esta concesión se encuentra actualmente en etapa de evaluación económica, en la cual se realizan modelos económicos para determinar la viabilidad de explotar el yacimiento y negociar un contrato con el Estado. Esta etapa de evaluación tiene un plazo de hasta dos años y vencerá el próximo 1 de agosto para Kinross. Quedan 63 días antes de que se venza ese plazo para terminar la negociación del contrato de explotación de Fruta del Norte, que permitiría a Kinross continuar en el proyecto. La empresa ha negociado su contrato desde el 2011 sin llegar hasta el momento a un acuerdo. El principal problema en la negociación es el Impuesto a los Ingresos Extraordinarios por los altos precios de oro, la plata y el cobre, entre otros metales. Es decir que si la cotización internacional de estos metales sube por sobre un precio fijado en el contrato, el 70% de esos ingresos extraordinarios irán para el Estado y el 30% quedará para la compañía. Kinross y otras empresas mineras han manifestado que ese impuesto hace inviable su negocio en el Ecuador. Por ello, el Gobierno introdujo en la Reforma Minera que actualmente se discute en la Asamblea una disposición para que ese impuesto se recaude solo después de que las empresas mineras hayan recuperado la inversión inicial que realizaron en los proyectos. FUENTE: ElComercio.comFECHA: Jueves 30/05/2013